“Nunca se ha ganado una partida abandonándola”
Savielly Tartakower
1. Aperturas inesperadas para la democracia en Guatemala
Antes de las elecciones de 2023, disputar la institucionalidad democrática parecía inviable, casi utópico. La presidencia se daba por inalcanzable, así que la oposición progresista centró su estrategia en ganar diputaciones y alcaldías para acumular poder desde abajo. Sin embargo, ese año se abrió una posibilidad inesperada. Pese a las exclusiones arbitrarias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una propuesta ajena al clientelismo logró colarse y llegar al Ejecutivo. El intento desesperado del bloque golpista por torcer los resultados desató movilizaciones masivas en defensa del voto y de “la democracia”, demostrando que la esperanza organizada puede disputar el poder, frenar la cooptación y las embestidas autoritarias.
Los acontecimientos de 2023 revelaron dos realidades. Por un lado, la fragilidad de unas instituciones inmersas en disputas de poder que buscan imponer intereses particulares. Por otro lado, la fuerza de prácticas democráticas y asamblearias que emergen desde abajo, tejidas en redes comunitarias, saberes colectivos y alianzas populares que se activan cuando lo común se ve amenazado. De allí emergieron liderazgos indígenas —hoy algunos criminalizados— que tendieron puentes inéditos entre el interés ciudadano por defender la institucionalidad y la fuerte tradición organizativa comunitaria, indígena y popular.
En un encuentro reciente con organizaciones aliadas coincidimos en que Guatemala atraviesa por una oportunidad para disputar la institucionalidad aún cooptada y cuya batalla decisiva se dará en 2026. A casi dos años de esa disputa en las calles, el bloque golpista aún está reacomodándose en estas nuevas condiciones y las fuerzas democráticas aún mantienen legitimidad. El desafío es sostener esa defensa como práctica viva, más allá de la retórica. La pregunta obligada es: ¿cómo fortalecer una democracia que combine instituciones y comunidades para abrir un horizonte verdaderamente transformador?
2. De las calles a la apuesta institucionalista
El voto que llevó a Semilla al poder fue más una ruptura contra el sistema tradicional que un respaldo ideológico. Ese apoyo se traducía en un mandato de recuperar la institucionalidad y luchar contra la corrupción. La inesperada victoria de Bernardo Arévalo, sorprendente en primera vuelta y contundente en la segunda, generó un entusiasmo que pronto chocó con la cruda realidad de un Estado disfuncional, atravesado por redes de corrupción y sostenido por pactos que han mantenido lealtades a fuerza de “chorros de pisto” que engrasaron su maquinaria durante décadas.
El gobierno de Semilla ha ido comprendiendo el funcionamiento de las estructuras estatales, quizás muy lentamente para las expectativas de la población, mientras intenta abrir su propio espacio de acción. Pero el tiempo no se detiene y 2026 se perfila como un año decisivo: “el año de la verdadera disputa de poder”. Las elecciones para el TSE (marzo), la Corte de Constitucionalidad (abril) y el Ministerio Público (mayo) determinarán la capacidad de la democracia guatemalteca para sostener un proceso electoral en 2027 con viabilidad, transparencia y pluralidad. La apuesta institucionalista de Arévalo, percibida a veces como tibia, requiere ahora mayor contundencia si espera dejar un legado que fortalezca la democracia.
Aunque hay avances puntuales, la desigualdad histórica, la corrupción estructural y la baja ejecución limitan los cambios prometidos. Entre un reformismo atrapado y una ciudadanía impaciente —que exige acciones firmes, como la salida de la fiscal general, o medidas inmediatas, como el bacheo de carreteras—, cada error político, técnico o comunicacional hace más estruendosa la idea de que el gobierno incumple sus promesas. De esa frustración emerge un riesgo mayor: la tentación de optar por un autoritarismo “eficiente” en lugar de una democracia lenta e incompleta.
3. El desafío de 2026: construir y coordinar para seguir defendiendo la democracia
Las elecciones de segundo grado —TSE, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público— son un punto de quiebre. El legado de esta coyuntura es doble: frenar el péndulo de agresiones de las redes político-económicas que buscan bloquear la gobernabilidad y, al mismo tiempo, reconstruir las instituciones de justicia —electoral, penal y constitucional— dañadas desde hace años. No hacerlo abriría la puerta a un retroceso: perder los avances logrados y permitir que la cooptación retome el control de los poderes del Estado.
En 2023, el descaro del sistema de justicia evidenció que la cooptación es el principal obstáculo para la democracia. Pero también las movilizaciones territoriales recordaron que la democracia no es un edificio terminado, sino una obra en construcción que se refuerza con cada conflicto y cada acuerdo. La vitalidad que late en colectivos, asambleas y territorios abre la posibilidad de que esa energía inspire e incida en los procesos políticos inmediatos.
Por ello, la meta no es una institucionalidad abstracta, sino una que sirva al bienestar colectivo y proteja, en lugar de criminalizar, a quienes la fortalecen. De ahí que nuestra tarea sea articularnos, organizaciones y territorios, por medio de la reflexión y acción, en una agenda común que no solo defienda la democracia, sino que la reconstruya, transforme la vida cotidiana y abra un horizonte más plural. La articulación de hoy es la única garantía de que el cambio democrático sea real y duradero.