Nota: puedes leer el análisis de candidaturas y partidos en la Parte 2.
La maquinaria electoral guatemalteca se está poniendo en marcha. Ya hay propaganda de todos los colores en las carreteras llamando a afiliarse, encuestas que circulan en redes, y podcasts entrevistando candidatos. Antes de entrar de lleno al análisis de nombres y partidos, es necesario entender los factores más importantes que definen el campo de juego en el que se va a desenvolver este proceso.
Pérdida de vigencia del eje izquierda-derecha
Decir en Guatemala que un candidato es de “izquierda” o de “derecha” no es un descriptor político neutral, sino más bien un insulto. Cuando se refieren a la izquierda evocan a Venezuela, Nicaragua o Cuba, cuando se habla de derecha se alude a personajes como Trump, Bukele o Milei. Es un eje analítico que no significa mucho para gran parte del electorado, especialmente porque ha sido instrumentalizado por actores antidemocráticos para infundir miedo. Bernardo Arévalo logró ganar las últimas elecciones a pesar de ser ubicado en el espectro de centro-izquierda, pero ni su ideología ni la propuesta política de Movimiento Semilla fueron factores clave en esta victoria; fue más bien la percepción de que no era corrupto.
Esto no significa que las fuerzas políticas progresistas no puedan ganar por sus propios méritos. Las que han logrado llegar y algunos casos incluso mantenerse en el poder en América Latina (Morena en México, el Partido dos Trabalhadores en Brasil, el Pacto Histórico en Colombia) no se han quedado en abstracciones ideológicas. Morena habla del “humanismo mexicano” y construye infraestructura. Lula habla de desarrollo para las mayorías, avanzando una agenda de reindustrialización. Petro hablaba de soberanía mientras trabajaba en educación y el Metro de Bogotá. Los tachan de izquierda desde fuera, pero ellos hablan de lo que le preocupa a la gente en su vida cotidiana.
La izquierda guatemalteca, en cambio, sigue atrapada en discursos teóricos que tienen muy poco que decirle a quien necesita transporte, seguridad, trabajo o vivienda. El resultado es un discurso que no tiene tracción electoral real con ningún sector social.
El voto antisistema como tendencia estructural
Una constante en las últimas décadas que ha determinado las contiendas electorales en el hemisferio es que la gente no vota a favor de, sino en contra de algo: contra el partido de turno, contra la clase política establecida, contra “los de siempre”. Una de las razones por las que la distinción “izquierda-derecha” ha perdido relevancia es porque a la gente ya no le importa el “bando” al que pertenezcan; vota por quien parezca que va a generar una ruptura. Eso explica fenómenos aparentemente contradictorios: que Bukele ganara en El Salvador con un discurso de mano dura y antipolítica, y que al mismo tiempo Petro obtuviera la presidencia en Colombia con un discurso de transformación social. En ambos casos, la oferta central era “yo no soy lo mismo de antes”. Este fue otro factor clave en la victoria electoral de Arévalo en 2023.
El problema es que ese impulso antisistema se agota. Una vez que el candidato del cambio llega al poder y gobierna, es imperativo presentar resultados tangibles. De lo contrario, el voto de rechazo busca un nuevo destinatario, y el electorado puede fácilmente dirigir ese impulso de ruptura hacia opciones autoritarias. Para 2027, el voto antisistema seguirá siendo una fuerza significativa en Guatemala; la pregunta es quién va a saber capturarlo, y en qué dirección se va a conducir.
El desdibujamiento del “pacto de corruptos”
Durante al menos tres ciclos electorales, el concepto del “pacto de corruptos” fue determinante en la política guatemalteca: una narrativa que identificaba a un enemigo específico (aunque abstracto en su definición) y organizaba el voto en torno a ese rechazo. La idea fue mutando con el tiempo, pero siempre trasladándose a rostros muy concretos: Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Giammattei, y finalmente Consuelo Porras, que fue la encarnación del concepto que más oposición generó. La fuerza del “pacto de corruptos” como narrativa radicaba precisamente en su capacidad de actualizarse y nombrar al enemigo de turno.
Hoy, ese concepto se ha desdibujado por dos razones relacionadas entre sí. La primera es que ya no hay una figura pública que esté tan presente en la vida cotidiana de las y los guatemaltecos y que represente con claridad el “rostro del pacto”. Sin un antagonista identificable, la narrativa se diluye, así como la capacidad de movilizar en su contra. La segunda es que parte de quienes sostuvieron esa narrativa durante años (organizaciones civiles, periodistas, activistas) ahora participan —directa o indirectamente— del ejercicio del gobierno. Han tenido que hacer concesiones, bajar el perfil, y en algunos casos aliarse con actores que antes hubieran señalado; no porque sean parte del ciclo de la corrupción, sino porque gobernar obliga a negociar. Todo esto ha restado fuerza al discurso anticorrupción.
A esto se suma que el gobierno de Arévalo, aunque no ha protagonizado grandes escándalos de corrupción centralizada como en gobiernos anteriores, tampoco ha logrado desmantelar las estructuras intermedias que operativizan la corrupción cotidiana en las instituciones. Ya no hay una gran orquesta con un director desde la presidencia, pero sí hay decenas de pequeños grupos en los niveles medios de la burocracia que siguen sacando su negocio adelante con relativa impunidad, adaptándose a quien sea que esté en el poder. El resultado de una narrativa anticorrupción debilitada, y un enemigo poco definido abre la puerta para que candidatos del viejo sistema se reposicionen como renovadores.
Ausencia de un proyecto político aglutinante
Si hay un diagnóstico que resume el momento político guatemalteco es este: no hay proyecto. No existe una propuesta política con nombre e identidad, con capacidad de juntar fuerzas diversas bajo una sombrilla común. No se ha presentado una propuesta que pueda decirle a la gente no solo contra qué está, sino hacia dónde va.
Bernardo Arévalo tenía la base para construirlo. Llegó con legitimidad democrática, respaldado por una movilización ciudadana histórica. Pero no lo hizo, en parte porque ni él mismo esperaba ganar, y porque el gobierno ha estado demasiado ocupado gestionando el caos del Estado que recibió. Lo que ha logrado es pasar del “menos uno al cero”: construir instituciones que funcionan un poco mejor, que tienen más capacidad técnica, que terminan más proyectos. Pero nada de eso tiene nombre. Nadie lo ha bautizado como un proyecto político con visión de futuro.
Y ahora es tarde para que lo haga él. Un presidente al final de su mandato, con capital político menguante, no está en posición de lanzar un proyecto político de largo aliento. Si alguien tuviera la capacidad de capitalizar esa herencia, tendría la posibilidad de decir: “lo que se hizo fue construir los cimientos, aquí está el siguiente paso”. Pero eso requiere respaldo político y claridad de proyecto, dos cosas que por ahora no se ven en el horizonte.
El escenario electoral probable
Con todo lo anterior sobre la mesa, el escenario de 2027 se empieza a perfilar de una manera que debe preocupar a quienes quieren apostar por la continuidad del proceso democrático iniciado por el gobierno actual.
En 2023, los partidos de la política tradicional se fragmentaron entre muchos postulantes, lo que le abrió el paso a Arévalo que alcanzó apenas el 11% de los votos en primera vuelta. En otras palabras, ese resultado fue posible porque la mayoría del voto antisistema se concentró en un solo candidato, mientras que el voto tradicional se diluyó en varios.
Para 2027, las condiciones son distintas. Hay indicios de que podría haber de dos a cuatro candidatos con capacidad de superar ese porcentaje: Sandra Torres con su piso histórico de aproximadamente 20%, Neto Bran con capacidad de construir una imagen pública efectiva, Carlos Pineda y Roberto Arzú que son ampliamente reconocidos por el electorado. Si eso ocurre, ya no bastará con el 11% para pasar a segunda vuelta.
Al mismo tiempo, el espacio progresista llega fragmentado y sin proyecto común. Raíces, Dignidad (antes MLP), URNG y Winaq, así como otras fuerzas del espacio progresista que están en proceso de formación o confirmación, van a llegar a 2027 cada una empujando su propia narrativa débil. Dividirán un voto que en conjunto podría ser determinante, pero que fragmentado no alcanza para nada. El escenario ideal —difícil, pero no imposible— sería que las fuerzas progresistas logren proponer una candidatura presidencial común, reservando para cada partido espacios en el Congreso y en los municipios donde son fuertes. Eso requiere madurez política, humildad y sobre todo la capacidad de armar un proyecto compartido. Esa es ahora la tarea más urgente.
Puedes encontrar el análisis de candidaturas y partidos en la Parte 2.