La tormenta que se avecina: la crisis energética global y sus consecuencias para Guatemala

El mundo lleva meses acumulando señales de advertencia que, vistas en conjunto, dibujan el escenario de una crisis energética sin precedentes en tiempos modernos. Para entender lo que viene, hay que ir a donde empezó todo: el Estrecho de Ormuz. Este paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho, ubicado entre Irán y la Península Arábiga, es una de las arterias más importantes del sistema energético global. Por ahí transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo. Durante décadas, la amenaza de su posible cierre fue un escenario hipotético. En 2026, se volvió una realidad.

El origen de la crisis: EEUU obliga a Irán a usar su arma más estratégica 

Tras el ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní, que fue una acción injustificada y que sorprendió incluso a aliados históricos de Washington, Irán respondió con la única carta que tenía capacidad de jugar con consecuencias realmente globales: el cierre del Estrecho de Ormuz. No fue una respuesta desproporcionada ni irracional. Fue la respuesta calculada de una potencia regional acorralada que decidió golpear donde más duele: el flujo del petróleo.

A partir de ese momento, Estados Unidos ha estado vaciando su reserva estratégica de petróleo (construida con esfuerzo tras la crisis del petróleo de los años 70) para mantener artificialmente bajos los precios en el mercado doméstico. A eso sumaría la intención de la administración Trump de eliminar el impuesto federal a la gasolina, una medida que en la práctica solo retrasaría brevemente el alza inevitable de precios, esencialmente regalándole dinero a las petroleras y acelerando el agotamiento de reservas porque el precio artificialmente bajo estimula el consumo. El resultado es que Estados Unidos enfrenta esta crisis con las manos atadas y los tanques vaciándose rápidamente. Mientras tanto, incluso asumiendo que el Estrecho de Ormuz se abra en los próximos días (lo cual parece poco probable), la recuperación del mercado energético global tomará años, debido a los daños acumulados en la infraestructura regional.

Las consecuencias globales: no es solo inflación, sino una posibilidad real de escasez

La narrativa dominante en los medios de comunicación habla solo de “inflación” y “alza de precios”. Sin embargo, existe un riesgo aún mayor: el desabastecimiento de combustible

Ya hay señales de crisis. Varios países de Asia (China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Myanmar, entre otros) que dependen directamente del petróleo que transita por el Estrecho de Ormuz, ya están implementado medidas de racionamiento severas. Otra consecuencia ha sido el quiebre de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines por el alza de los precios de combustible; es un indicio de lo que puede pasarle a la industria de transporte si la situación se profundiza.

La cadena de suministros global, que ya mostró su fragilidad durante la pandemia de COVID-19, enfrenta ahora otra amenaza estructural. El transporte de mercancías por carretera, por mar y por aire depende del petróleo de una manera que no tiene sustituto inmediato.  Además, los fertilizantes agrícolas, cuya cadena de producción está íntimamente ligada al petróleo y al gas natural, también están siendo afectados, lo que amenaza las cosechas de la próxima temporada en múltiples regiones del mundo. La maquinaria de la agricultura también requiere de la gasolina. La crisis energética fácilmente se puede convertir en crisis alimentaria.  El desabastecimiento energético puede ir más allá de precios más altos en los supermercados:  existe el riesgo de estantes vacíos, debido a que los camiones que traen los productos no tengan gasolina para circular.

Mientras tanto, las petroleras están reportando ganancias récord. El alto precio  del petróleo, combinado con la venta acelerada de reservas estratégicas, les genera utilidades históricas. Al mismo tiempo, el círculo cercano a Trump lucra activamente con la situación: los anuncios sobre el conflicto generan fluctuaciones predecibles en bolsa y en los precios del crudo que ciertos actores aprovechan para especular. Estas circunstancias que han creado una oportunidad de enriquecimiento ilícito hacen que las presiones políticas para poner fin al conflicto sean mucho menos efectivas.

El panorama en Guatemala: vulnerabilidad crítica

En Guatemala, el  efecto en el precio de la gasolina ya se hizo sentir,  pero ese es solo el comienzo. El país depende del transporte terrestre para mover casi todo lo que consume: alimentos, medicamentos, mercancías. Un desabastecimiento no produciría una inconveniencia, sino una parálisis.

El gobierno está haciendo muy poco para prepararse para esta crisis. Se aprobó un subsidio a la gasolina de 5 quetzales por galón. Adicionalmente, a partir del 30 junio se distribuirá gasolina E10 (es decir, con 10% de etanol). Como ya se mencionó, con este tipo de medidas que artificialmente reducen los precios se corre el riesgo de acelerar el desabastecimiento.

Para el gobierno de Arévalo, una crisis severa en la disponibilidad de combustible, tendría  el potencial de erosionar rápidamente lo que queda de su capital político. Es el tipo de crisis que, históricamente, genera descontento social amplio y acelerado porque afecta simultáneamente a todos los sectores sociales. Un gobierno que ya enfrenta cuestionamientos por la lentitud de sus reformas difícilmente podría absorber una crisis energética sin contar con una respuesta clara y visible. La pasividad es una apuesta a que el peor escenario no se materialice, pero para el gobierno, sería una apuesta difícil de ganar.

Qué hacer ante la crisis: prepararse sin entrar en pánico

Ante este panorama, las organizaciones y movimientos sociales en Guatemala pueden asumir una postura activa, tanto en la preparación concreta como en la incidencia política y en la construcción de narrativa pública:

1. Incorporar la crisis energética a la agenda de análisis y comunicación. La mayoría de  organizaciones sociales siguen enfocadas en la coyuntura política electoral y en los conflictos institucionales. Hay que producir análisis accesibles que expliquen a las comunidades qué está pasando, por qué les va a afectar, y qué pueden hacer. Esta información es útil para que la gente tome decisiones informadas pues la crisis no va a golpear por igual a todos. Las comunidades rurales con economías de autosubsistencia parcial (que producen sus propios alimentos, que tienen acceso a agua sin depender de bombas eléctricas, que tienen sistemas de intercambio locales) tienen capacidades de resiliencia que las ciudades no tienen. Sin embargo, sí son más vulnerables al alza de precios de fertilizantes y al colapso de los circuitos comerciales que conectan sus productos con los mercados. Este es  el tipo de información y análisis valioso para entender cómo prepararse.

2. Presionar al gobierno a desarrollar una política energética de emergencia real. La adición de etanol y el subsidio no son medidas suficientes por sí mismas. Las organizaciones deben exigir con claridad que el gobierno de Arévalo presente una hoja de ruta que incluya: información transparente sobre el estado de las reservas de combustible en el país, criterios claros de racionamiento si la situación lo requiere, protección de los sectores más vulnerables ante el alza de precios, y coordinación regional con otros países centroamericanos. Esta demanda no es ideológica, sino que es parte de la gestión básica del Estado.

3. Fortalecer las economías locales y los sistemas de abastecimiento comunitario. Las comunidades con circuitos económicos locales sólidos (con mercados propios, con producción alimentaria diversificada, con redes de apoyo mutuo) han resistido mejor las anteriores  crisis. Invertir en fortalecer esas capacidades ahora es una de las acciones concretas que las organizaciones pueden impulsar con sus comunidades aliadas.

4. No caer en parálisis ni catastrofismo. La incertidumbre es real. Nadie sabe con precisión cuánto se va a profundizar esta crisis ni en qué plazos. Incluso es posible que al final no ocurra nada más allá de la inflación. Pero esa incertidumbre no justifica la inacción. Hay países en otras regiones del mundo que de inmediato tomaron medidas de austeridad. Prepararse con prudencia (revisando presupuestos del hogar, priorizando abastecimiento de alimentos no perecederos, fortaleciendo redes comunitarias) no es paranoia. Es sentido común ante un riesgo latente y es una práctica que bien nos serviría iniciar, conservar y potenciar en nuestros ámbitos colectivos y privados.

Esta crisis la causaron las decisiones militares de una potencia que lleva décadas tratando el Medio Oriente como su tablero de ajedrez, y ha priorizado intereses imperialistas y particulares  por encima de la estabilidad energética global. Países pequeños y periféricos como el nuestro, que además tienen poca capacidad de respuesta institucional, son particularmente vulnerables a sufrir las consecuencias. Eso nos exige lucidez, organización y la capacidad de hacer lo que los movimientos sociales han hecho siempre en los peores momentos: construir comunidad, compartir información, y resistir juntos.

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