Las dinámicas políticas de los últimos dos años se han caracterizado por una intensa disputa por el control del Estado y por constantes ofensivas coordinadas de las fuerzas antidemocráticas que se están jugando no solo su influencia, sino su propia supervivencia política. Por ello, apuestan por una estrategia de desestabilización que busca minar la legitimidad del Ejecutivo en un momento crucial, marcado por la proximidad de importantes elecciones de segundo grado.
Su objetivo primordial es que estas elecciones —que configurarán el poder en instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y, especialmente, la designación del Fiscal General del Ministerio Público donde están atrincheradas— se desarrollen en un marco de inestabilidad. Las ofensivas, lideradas justamente por el Ministerio Público, buscan sembrar caos y miedo, desgastando aún más al Gobierno y mostrándolo como “incompetente” ante la situación de inseguridad. A largo plazo, se busca legitimar el retorno de la «mano dura» y promover perfiles autoritarios con miras a las elecciones generales de 2027.
La narrativa de inestabilidad se ha alimentado de la criminalidad cotidiana y de fallos operativos como la fuga de reos a finales del año pasado. Hoy, la estrategia ha dado un salto hacia el terrorismo urbano y motines coordinados en las principales cárceles. No se trata de hechos aislados; las pandillas históricamente activan olas de violencia que coinciden con momentos de disputa política, lo que sugiere una coordinación entre élites políticas y estructuras criminales.
La narrativa en disputa: ¿Reacción a la crisis o victoria política?
Es en este contexto de terrorismo urbano donde el Gobierno busca un manejo diferente de la crisis. Por primera vez, el gobierno de Bernardo Arévalo respondió de una manera que le permite disputar el control de la narrativa. La recuperación de las cárceles y la postura firme del nuevo Ministro de Gobernación representan una oportunidad política para demostrar que es posible combatir el crimen organizado sin recurrir al modelo autoritario del vecino país.
Sin embargo, el riesgo persiste: los ataques a policías como respuesta del Barrio 18 ante el sometimiento de sus líderes en la cárcel dan cuenta de estructuras criminales fuertemente armadas y empoderadas, a tal grado que buscan disputar el control de las cárceles y del territorio al Estado. Si el Gobierno no logra controlar estos picos de violencia y la violencia cotidiana, se sostendrá la percepción ciudadana del «gobierno débil», favoreciendo la narrativa de las fuerzas antidemocráticas.
Factores que alimentan la inestabilidad
Además de la crisis de seguridad, el gobierno de Semilla arrastra deudas que «abonan el terreno» para el discurso opositor:
- Inacción ante casos de criminalización: La falta de posicionamiento oportuno y acción contundente ante un Ministerio Público que sigue utilizando el sistema legal como arma de persecución contra funcionarios y líderes sociales.
- Descontento de las organizaciones sociales: Aspectos como la inoperancia en la implementación del acuerdo agrario, la continuidad de los desalojos, la conflictividad agraria, propuestas que contravienen el derecho consuetudinario y la tibia posición en instancias internacionales en temas como el genocidio en Palestina o el ataque a Venezuela alejan a buena parte de las bases que defendieron la democracia en 2023.
- Inconformidad de la ciudadanía: La falta de resultados tangibles, evidenciada en la pobreza del informe de los primeros dos años de gobierno, aumenta la frustración de amplios sectores de población con el quehacer del Ejecutivo.
- Percepciones desfavorables: El Gobierno tiene que lidiar con factores de desgaste adicional como la debilidad operativa ante crisis ambientales; la impresión de que se sigue usando el presupuesto como moneda de cambio para conseguir votos en el Congreso; la fragmentación de Semilla que dio origen al proyecto político de Raíces, etc.
Ante estas debilidades, el mayor capital político con el que cuenta Arévalo es no ser visto como un gobierno corrupto.
Acciones estratégicas y contranarrativas
Para evitar que las fuerzas antidemocráticas determinen el debate público, consideramos importante:
- Mantener el enfoque en la recuperación del Estado: Entender que los ataques actuales son una reacción al revés sufrido por los actores antidemocráticos en la víspera de los procesos de las elecciones de segundo grado y un intento por marcar tendencias hacia las elecciones de 2027.
- Establecer narrativas diferentes: Fortalecer la idea de que la seguridad requiere depurar las instituciones —no el control ciudadano y el uso de la fuerza— y la comprensión de que este accionar criminal es producto de los vínculos históricos del crimen organizado con las élites del pacto.
- Aprovechar la oportunidad política: El Gobierno debe capitalizar el respaldo ciudadano a la recuperación del orden para demostrar que una política de seguridad democrática y firme es posible.
- Enfrentar compromisos incumplidos: El Gobierno debe dar resultados concretos a las principales demandas de la ciudadanía y a los acuerdos y diálogos impulsados con las organizaciones y sectores sociales.
No nos encontramos ante una pugna coyuntural, sino ante una batalla estratégica por el futuro del Estado y la democracia en Guatemala. A lo largo de la historia, las fuerzas antidemocráticas han demostrado estar dispuestas a recurrir al caos, la violencia y a alianzas criminales para preservar sus privilegios, mientras el Gobierno enfrenta el reto de transformar su capital político en resultados tangibles. La clave reside en no perder el control de la narrativa y en demostrar que la seguridad y la gobernabilidad pueden construirse desde la institucionalidad democrática, y no desde el autoritarismo. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del presente, sino la posibilidad de consolidar un proyecto político que devuelva al país la esperanza de un Estado al servicio de la ciudadanía y no de las mafias.