Este año, con varias elecciones críticas que definirán el horizonte político de Guatemala para los próximos años, es más importante que nunca mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo y realizar un ejercicio de análisis constante. Desde FOCO proponemos utilizar las siguientes premisas para profundizar en las reflexiones:
- “Detener el Péndulo” con el institucionalismo
Desde la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia de la República, una frase resuena en los pasillos del Palacio Nacional y en sus círculos más cercanos: «Detener el péndulo de agresiones«. La interpretación del Ejecutivo es que, tras la lucha contra la corrupción de 2015, actores políticos corruptos vieron amenazados sus intereses e iniciaron un proceso para recapturar el sistema de justicia. Los efectos de esta estrategia se hicieron evidentes con la salida de la CICIG de Guatemala y la llegada de Consuelo Porras a la fiscalía general del MP con una agenda de persecución a organizaciones sociales, activistas, periodistas, jueces, fiscales, estudiantes y funcionarios del actual gobierno. En consecuencia, desde el inicio de su mandato el Presidente ha concebido su gestión como un esfuerzo por ‘detener el péndulo’, ya que, en su lectura, la historia política reciente de Guatemala ha sido un oscilar violento de venganzas judiciales. Su apuesta es frenar esa inercia para que la estabilidad permita, eventualmente, la reconstrucción institucional.
Esta estrategia, que puede calificarse como institucionalista, se ha enfocado en tratar de restaurar la democracia, combatir la corrupción y fortalecer de Estado de Derecho por medio de:
- Respetar la legalidad y el debido proceso por encima de la contundencia política.
- Asegurar que cada funcionario electo termine su mandato en tiempo, evitando remociones arbitrarias que puedan ser interpretadas como nuevas «agresiones».
- Navegar las instituciones cooptadas mediante la negociación técnica en lugar del choque frontal.
Sin embargo, la implementación de esta estrategia —calificada por muchos como tibia— está generando efectos secundarios que ya se empiezan a sentir en la ciudadanía y en las mismas instituciones.
- Los efectos colaterales: El empoderamiento de los «grises» y el descontento social
Clavar el péndulo a la pared del institucionalismo, para evitar confrontaciones, ha sido una estrategia con alto costo político. Mientras que en 2023 la ciudadanía en las calles exigía ‘depuración’ —es decir, la salida inmediata de los actores corruptos—, el Ejecutivo asumió un mandato de ‘estabilización’. Para el gobierno, la prioridad ha sido reconstruir la base del Estado de Derecho antes de depurarla; para la población, esta priorización se lee como inacción o, peor aún, como complacencia ante la impunidad vigente.
Por un lado, la aparente estabilización de la crisis se ha logrado mediante el empoderamiento de actores «grises». Estos personajes no son transparentes ni aliados del cambio, pero tampoco representan la cara más oscura del Pacto de Corruptos. Son operadores que, aunque formaron parte del sistema previo, respetan mínimamente las formas institucionales. Este fenómeno se vive hoy en las comisiones de postulación. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, la estrategia resultó en una «corte de crisis»: se vetó tanto a los perfiles idóneos como a los más cuestionados, configurando un cuerpo colegiado que, aunque para algunos es funcional, maniobra en las sombras y mantiene cuotas de corrupción sistémica.
Por otro lado, es evidente la profunda desilusión de la población. La ciudadanía organizada que sostuvo el proceso en 2023 planteó un mandato claro: sacar a Consuelo Porras y depurar el Estado. Al constatar que el Gobierno ha priorizado el «manual del institucionalismo» por encima del ataque frontal a los corruptos, ha surgido un sentimiento de desánimo y decepción. A ello se suma que el país atraviesa el punto más agitado de la renovación de contrapesos (MP, CC, TSE, USAC). Sin embargo, esta disputa se desarrolla en espacios cerrados, mientras la sociedad civil observa con impotencia cómo los «grises» y el «pacto» cambian las reglas del juego y se reacomodan en el tablero.
Además, si bien las organizaciones sociales han tenido un respiro con este gobierno, la persecución no ha desaparecido, por el contrario, se ha focalizado y especializado. El Ministerio Público continúa actuando como el brazo ejecutor de una persecución selectiva que el Ejecutivo, en su afán de no mover el péndulo, no ha logrado neutralizar.
- El autoritarismo: La amenaza en el horizonte
La apuesta por el institucionalismo tiene sentido en la teoría, pero se enfrenta a una realidad brutal: una corriente interna del Pacto de Corruptos que no descansa en su afán de recuperar el control y volver a la cooptación total del Estado, así como una corriente autoritaria global que desprecia las formas democráticas.
La apuesta por el institucionalismo asume, casi con un idealismo burgués, que las fuerzas democráticas se autorregularán si se respeta el debido proceso. Sin embargo, esta visión choca con una realidad material: las instituciones no son entes abstractos, están compuestas por redes políticas e ideológicas vivas que no juegan bajo las mismas reglas de juego, ni los mismos estándares de integridad. Al intentar detener el péndulo desde el Ejecutivo sin neutralizar a los operadores de la cooptación, se corre el riesgo de dejar al Estado inerme frente a actores que utilizarán esa misma estabilidad para reorganizarse y contraatacar.
En todo caso, el gran desafío que se perfila no consiste únicamente en mantener el péndulo inmóvil, sino en demostrar que la institucionalidad democrática puede generar resultados tangibles que mejoren la vida de las personas. De lo contrario, el riesgo latente es que la percepción de un gobierno atado de manos por su propia estrategia, incapaz de frenar la persecución selectiva y de cumplir los mandatos ciudadanos, termine abonando el terreno para una opción autoritaria que, en nombre de la eficacia, sacrifique las libertades conquistadas.En FOCO Guatemala, creemos que el análisis debe estar al servicio de la acción. La institucionalidad no puede convertirse en un fin en sí mismo, debe ser una herramienta al servicio de la democracia, capaz de responder a las expectativas sociales sin abrir la puerta a salidas autoritarias. Por ello, matizar la escala de grises que se mueve en la escena política y analizar sus dinámicas nos permite entender qué alianzas debemos conformar, mientras ampliamos el margen para construir un horizonte político distinto en los años por venir.