A un mes del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, es importante analizar este acto como un síntoma de un mal mayor y un mensaje directo de cara al inminente proceso electoral de 2027 en Guatemala.
El “ruido” institucional y la impunidad como espectáculo
Lo que marcó este ataque, además de la brutalidad, fue el absoluto descaro con el que se ejecutó: a plena luz del día, en un espacio lleno de gente y rodeado de instalaciones militares. Esto evidencia una confianza plena en la impunidad. Sin embargo, el rasgo más alarmante ha sido el “ruido” generado desde las propias instituciones del Estado. La captura inicial de personas a quienes se les implantaron pruebas, seguida de su liberación por falta de mérito, es indicio de un mecanismo deliberado de encubrimiento, distracción y desviación de la investigación.
La vulnerabilidad del Estado es el resultado de la cooptación, del desmantelamiento sistemático de las instituciones, como ocurrió con las fiscalías de justicia transicional durante la anterior administración del Ministerio Público. Se trata de instituciones que fueron debilitadas para privilegiar y proteger a redes específicas de impunidad que hoy operan a sus anchas. A más de tres años de la llegada de Semilla al Gobierno, su falta de capacidad y voluntad política para impulsar transformaciones estructurales en las instituciones del Estado también lo hace responsable de la persistencia y reproducción de este régimen de impunidad.
¿A quién beneficia silenciar su voz?
En vez de analizar el caso desde una visión conspiranoica o intentar apuntar a un único autor intelectual, hay que preguntarse: ¿a quién favorece políticamente este asesinato? El modus operandi puede apuntar a la ejecución por parte de pandillas, pero el beneficio político y estructural de su muerte va más allá de ellas.
Durante años, Foppa fue una figura incómoda. Denunció las dinámicas del crimen organizado, la política tradicional, el narcotráfico y, en su última publicación, la injerencia de la CIA. Expuso a las élites del llamado “pacto de corruptos”. De manera histórica, cuando fue superintendente de la SAT, obligó a poderosos sectores empresariales a pagar cientos de millones en impuestos evadidos. Fue un crítico permanente de este y anteriores gobiernos. Ante este panorama, lo que parece existir es una convergencia de intereses entre distintos actores criminales, políticos y económicos que se benefician de la eliminación de una voz crítica y la consolidación de un clima de zozobra.
La trampa electoral de 2027
El impacto más grave del asesinato recae en la configuración del escenario electoral de 2027. La agudización de la violencia política y la sensación de inseguridad generalizada buscan reinstalar el miedo como eje del debate público. Esto genera el terreno perfecto para la “bukelización” de la política guatemalteca: la instrumentalización del terror para ofrecer salidas de “mano dura”. No es un riesgo exclusivo de la extrema derecha, sino un recurso discursivo que podría permear en diversas candidaturas.
A nivel internacional, este clima de inestabilidad se entrecruza con la disputa de actores políticos locales por obtener la validación de Estados Unidos. La influencia externa juega un papel crítico, evidenciado en narrativas absurdas pero muy bien calculadas por lobistas internacionales. Un ejemplo es los recientes comentarios de Roger Stone, quien tildó a Bernardo Arévalo de ser un “nuevo Maduro” mientras victimizaba a figuras populistas locales. Todo esto perfila un ecosistema donde la política exterior y los intereses de actores internacionales podrían terminar avalando a quienes promuevan el autoritarismo bajo la fachada de seguridad.
El gobierno ante una prueba más
El presidente Arévalo afirmó que su gobierno no se intimida ante el terror que se quiera instaurar y que este crimen habría buscado generar desestabilización política. Su declaración inmediata era necesaria, pero no se puede ignorar el balance de los últimos tres años de gobierno: sí ha habido respeto a las dinámicas democráticas y avances institucionales, pero no el golpe esperado contra las estructuras criminales y la corrupción. Foppa criticaba precisamente esa brecha, y su muerte la vuelve más visible.
Para el gobierno, el caso es un examen sobre tres cosas: si la depuración de la PNC irá más allá de las destituciones y las nuevas capturas de policías sin quedarse nada más en control de daños, si puede garantizar la protección de quienes se expresan públicamente y si logrará que el Ministerio Público actúe con agilidad e independencia. La reserva del expediente es una práctica habitual, pero no puede convertirse en una excusa para la opacidad.
Memoria y acción: un llamado a los movimientos sociales
Frente a este escenario, las organizaciones y movimientos sociales enfrentan el reto mayúsculo de no sucumbir al repliegue ni al silencio impuesto por el terror. El apellido Foppa carga con un peso innegable de memoria histórica, heredado de su abuela Alaíde, sus tíos y su padre, quienes fueron víctimas durante el Conflicto Armado Interno. Sin embargo, el respeto ganado por Juan Francisco se cimentó en la coherencia entre su discurso y su acción: desde su vocación como bombero, hasta su valentía como fiscal de casos de alto impacto y su determinación para cobrar impuestos al poder económico.
El llamado a la sociedad civil no es a responder desde la provocación, sino desde la organización y la articulación. La exigencia de esclarecimiento, la fiscalización constante sobre el actuar de las autoridades de Estado y el acompañamiento internacional son herramientas indispensables para desarmar la maquinaria de impunidad.
Cerramos esta reflexión expresando nuestra más profunda solidaridad con la familia, especialmente con su madre Silvia Solórzano, así como con amistades y camaradas de Foppa, recordando que la respuesta política y social más fuerte frente a la violencia institucionalizada es la organización, la memoria activa y el rechazo total a ceder nuestro futuro político a las narrativas del miedo y el autoritarismo.

