El 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas. Este hecho sacudió a la región y concentró buena parte de la atención mediática y política sobre el papel de Washington en América Latina. Sin embargo, analizar la influencia de Donald Trump sobre la región enfocándose exclusivamente en la posibilidad de intervenciones militares sería un error. La experiencia reciente de otros países latinoamericanos muestra que la Casa Blanca cuenta con un repertorio de herramientas de coerción para inclinar procesos electorales a su favor: apoyo financiero condicionado, respaldos públicos a candidatos afines, sanciones económicas selectivas contra funcionarios en ejercicio, retiro de visados y amenazas de “consecuencias” si el resultado no es el deseado.
Para Guatemala, que celebrará sus elecciones generales el 27 de junio de 2027, esas formas de influencia representan un riesgo mayor. La amenaza para la próxima contienda guatemalteca reside en una combinación de condicionamiento financiero, operaciones de guerra digital y captura de la justicia a través de operadores locales. A continuación, revisaremos tres casos —Argentina, Honduras y Colombia— para extraer lecciones aplicables al proceso electoral guatemalteco.
Argentina: influencia por medio de apoyo financiero condicionado
El caso argentino ofrece un ejemplo claro de cómo Washington puede convertir la ayuda económica en una herramienta electoral. En septiembre de 2025, semanas antes de las elecciones legislativas de medio término del 26 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un acuerdo de canje de divisas por 20 mil millones de dólares con el Banco Central argentino para ayudar al país a evitar un colapso financiero. El propio Trump reconoció abiertamente que la razón del préstamo era apoyar a Javier Milei, pero también advirtió que si perdía, iban a ser “menos generosos con Argentina”.
El respaldo no fue incondicional, sino que dependía de que el partido de Milei, La Libertad Avanza, obtuviera la mayoría necesaria en el Congreso para implementar sus políticas. Cuando Trump advirtió públicamente que Estados Unidos “no iba a perder el tiempo” en Argentina si el partido de Milei no ganaba las legislativas. El impacto inmediato de esta declaración fue causar un desplome temporal en los mercados argentinos.
Tras la victoria de La Libertad Avanza, Trump felicitó a Milei por su “victoria aplastante”, afirmando que la confianza depositada en él había sido “justificada por el pueblo de Argentina”. La lección de esta versión trumpista de la zanahoria y el garrote fue clara: el dinero, y la amenaza de retirarlo, puede convertirse en un factor de peso en las elecciones, especialmente en economías vulnerables. El caso de Argentina tiene la particularidad adicional de que se devolvió a Estados Unidos los 20 mil millones en enero de 2026, menos de 3 meses después de las elecciones. El rescate financiero operó como un salvavidas electoral evidente; no obstante, el blindaje económico solo representó la mitad de la estrategia, complementándose de forma decisiva con la manipulación del debate digital.
El componente financiero de la intervención argentina tuvo su correlato en el ámbito digital a través de operadores clave como el estratega Fernando Cerimedo, principal artífice comunicacional de La Libertad Avanza y nexo operativo con figuras del entorno trumpista. Las investigaciones que recientemente culminaron con su imputación en Bolivia por montar redes de desinformación masiva e incitación al caos social desnudaron un patrón sistemático: la exportación de metodologías de intimidación en redes sociales, operaciones psicológicas y granjas de troles coordinadas desde el exterior para socavar la legitimidad de proyectos progresistas. El modelo de Cerimedo evidencia que la ofensiva trumpista en la región interviene en los ecosistemas informativos locales, polarizando artificialmente a la sociedad y distorsionando el debate público previo a las jornadas de votación.
Honduras: respaldo público en la recta final de la campaña
El segundo caso, más cercano geográfica y políticamente a Guatemala, es el de Honduras. Las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025 se definieron por un margen mínimo entre Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Días antes de la votación Trump expresó explícitamente su preferencia por Asfura, señalando que colaborarían para frenar el avance de tendencias políticas regionales que consideraba contrarias a los intereses de Washington.
El proceso de conteo, marcado por fallas técnicas y denuncias de fraude, derivó en una intervención pública de Trump cuando el resultado pareció estar en riesgo. Opositores a Asfura sostuvieron que ese respaldo de última hora constituyó un acto de injerencia electoral que terminó por inclinar los resultados. Además, Trump puso un mensaje en Truth Social en plena crisis del conteo en el que acusó a Honduras de intentar “cambiar los resultados” de la elección y advirtió que, si eso ocurría, “habría un infierno que pagar”. Finalmente, Asfura fue declarado ganador con apenas el 40,27% de los votos frente al 39,39% de Nasralla.
El caso hondureño es especialmente relevante para Guatemala por dos motivos. Primero, porque demuestra que una intervención discursiva oportuna, articulada con aparatos de presión en el terreno, puede tener un peso desproporcionado en una elección reñida y en un sistema electoral con debilidades institucionales. Segundo, muestra que Trump está dispuesto a presionar en redes sociales sobre el propio proceso de conteo de votos cuando el resultado no favorece a su candidato preferido. Si en Guatemala vuelve a ocurrir una situación como la de 2023, con intentos de desconocer resultados electorales, una acción como esta desde Washington podría convertirse en un factor decisivo.
El desenlace hondureño, sin embargo, adquirió una dimensión aún más grave con las revelaciones posteriores del denominado Honduras-gate. La filtración de audios y registros operativos confirmó que el mensaje en Truth Social de Trump no fue un exabrupto aislado, sino la cúspide visible de una maquinaria de desestabilización mucho más profunda en la que están involucrados Estados Unidos e Israel. Los intercambios también expusieron cómo el conservadurismo transnacional —articuladas en Honduras con figuras del círculo de Juan Orlando Hernández y el equipo de campaña de Nasry Asfura— financió con cientos de miles de dólares centros de operaciones encubiertas y desinformación digital que incluso contemplaban maniobras de presión institucional violenta para impedir la victoria liberal. Esta evidencia demuestra que la injerencia electoral moderna también descansa en estructuras oscuras dispuesta a torcer la voluntad popular articulando fondos grises, netcenters y complicidades de alto nivel.
Colombia: sanciones, visados y presión sobre un gobierno en funciones
El tercer caso, y quizás el más completo en términos del repertorio de herramientas empleadas, es el de Colombia. La relación entre Trump y el presidente saliente Gustavo Petro se deterioró de forma sostenida desde 2025, en parte por el rechazo de Petro a las políticas migratorias de Washington y su condena al estado genocida de Israel. Trump llegó a describir a Colombia como un “país enfermo, dirigido por un hombre enfermo”, y el gobierno estadounidense retiró la visa de entrada a Petro y gente cercana a él, además de ponerles sanciones y acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Todo esto coincidió con la absolución judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal referente de la oposición de derecha. Pocos meses después, tras la intervención militar en Venezuela, varios opositores al gobierno de Petro pidieron públicamente a Trump “hacer lo mismo” en Colombia. El propio Uribe llegó a declarar en una entrevista que las circunstancias colombianas “se van pareciendo más todos los días” a las que precedieron la intervención en Venezuela.
La tensión no derivó en confrontación, dado que una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Petro en febrero de 2026 distendió parcialmente la relación, pero siguió presente en el trasfondo de la campaña. Finalmente, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, abogado y declarado simpatizante de Trump, resultó ganador de las elecciones del 31 de mayo de 2026. Trump había apoyado a de la Espriella, y lo felicitó tras su victoria. Mientras tanto, Petro denunció manipulación del software electoral y pidió declarar nulas las elecciones, argumentando que la “intervención directa” de Trump vulneraba la Constitución colombiana y el derecho internacional, pero este reclamo no prosperó ante las autoridades electorales.
El caso colombiano es el más particular y preocupante porque combina, entre otras cosas, todos los elementos vistos en Argentina y Honduras (respaldo público a un candidato, presión económica, cuestionamiento de la legitimidad del gobierno en turno) con un ingrediente adicional: el uso de sanciones selectivas (listas OFAC, revocación de visas) contra un mandatario en ejercicio y su entorno cercano, como forma de debilitarlo políticamente antes de que termine su período.
Reflexiones finales: lo que Guatemala debería observar de cara a 2027
Los casos de Argentina, Honduras y Colombia (únicamente una muestra de los casos recientes de injerencia norteamericana en América Latina) comparten un patrón que trasciende las particularidades de cada país: la Casa Blanca ha demostrado intención y capacidad de influir en procesos electorales latinoamericanos sin necesidad de recurrir a la fuerza militar, usando herramientas financieras, declaraciones públicas de respaldo o rechazo, sanciones selectivas y presión sobre las instituciones electorales. Estos tipos de presión, aunque han sido identificados y denunciados por diferentes actores, son difíciles de contrarrestar porque operan dentro de los márgenes de la subjetividad, de la relación diplomática y económica ordinaria, de la sumisión de los gobiernos y la injerencia histórica de Estados Unidos en la región.
Para Guatemala, esto puede tener implicaciones concretas de cara a 2027. Primero, porque el gobierno de Bernardo Arévalo ha mantenido una relación cautelosa pero funcional con Washington, principalmente en torno a temas migratorios y de cooperación contra el narcotráfico; ese equilibrio podría romperse si Washington decide usar sanciones o presión diplomática en el proceso electoral para debilitar a una fuerza política que no le resulte cómoda. Segundo, la debilidad institucional del sistema electoral guatemalteco, que ya enfrentó intentos de desconocer los resultados de 2023, lo hace especialmente vulnerable al tipo de influencias ejercidas en Honduras, donde un mensaje de Trump en un momento de conteo ajustado bastó para inclinar la narrativa pública sobre la legitimidad del proceso. Tercero, la dependencia económica de Guatemala respecto de Estados Unidos, a través de las remesas (que representan una porción significativa del PIB del país) y del comercio bilateral, ofrece a Washington un margen de presión financiera comparable al que empleó en Argentina.
El caso guatemalteco presenta una particularidad crítica: la injerencia no opera únicamente de arriba hacia abajo, sino que es activamente cortejada y disputada por las propias élites locales. Esta dinámica ya tuvo un primer ensayo durante la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), cuando el entonces Encargado de Negocios de la embajada estadounidense, John Barrett, cabildeó directamente con legisladores en el Congreso para asegurar la reelección de Roberto Molina Barreto. Esa maniobra fue el resultado directo de un agresivo lobby de operadores de confianza del entorno trumpista —las mismas redes que han coordinado esfuerzos de desestabilización e injerencia en escenarios como Honduras y Argentina— para garantizar la continuidad del régimen de impunidad bajo el amparo de Washington.
A este tablero se suma la virulenta disputa pública entre facciones del conservadurismo y sus plataformas mediáticas, evidenciada en los choques entre Roberto Arzú y Rodrigo Arenas de República GT por imputaciones de cabildeos encubiertos; una pugna que llevó al propio Arzú a realizar viajes recientes a la capital estadounidense para intentar desactivar las narrativas que lo vinculan con la narcopolítica, una etiqueta instrumentalizada por sus rivales ante los círculos republicanos para anularlo del favor de la Casa Blanca y apartarlo de la contienda de 2027. Estos episodios constatan que, de cara al proceso general, el peligro de la injerencia externa se potenciará con la subordinación voluntaria de actores locales dispuestos a someter la soberanía nacional al arbitrio de Washington con tal de erigirse como los interlocutores preferidos del poder imperial.
En definitiva, más allá de la presión diplomática directa, el mayor riesgo para las elecciones de 2027 está en el uso de mecanismos híbridos: el uso de propaganda y desinformación, la presión sobre los árbitros del sistema judicial y electoral, y la complicidad de élites locales dispuestas a financiar operaciones de cabildeo en Washington para alterar la competencia democrática. Reconocer este entramado será indispensable para blindar el proceso antes de la llegada a las urnas, y será clave para que los actores políticos, la sociedad civil y los organismos electorales guatemaltecos puedan anticipar y responder a la injerencia de la política exterior trumpista en la región.