Para nadie es secreto que el sistema de Consejos de Desarrollo está corrompido desde hace años. En una investigación que realizamos desde grupo FOCO en 20221, las organizaciones sociales entrevistadas tenían claro que los COCODES, COMUDES y CODEDES estaban en su mayoría controlados por alcaldes, diputados y el ejecutivo; que el sistema era utilizado para distribuir obra gris como pago de favores; y que la mayoría de sociedad civil allí presente había sido nombrada a conveniencia de quienes controlan el espacio, por lo que carecían de legitimidad.
La Ley de los Consejos de Desarrollo indica explícitamente en su artículo 10 que es atribución de quienes representan a la sociedad civil en los CODEDES proponerle al presidente de la república la terna de donde se nombrará a los gobernadores de cada departamento. Esto limita al presidente a seleccionar de lo que propongan las mismas personas de sociedad civil que en su mayoría fueron nombradas por socios del pacto de corruptos.
Sin embargo, para esta ocasión, el nuevo gobierno optó por la alternativa de modificar el reglamento, haciendo públicos tanto los tiempos como las formas a manera de transparentar el proceso y designando un momento para tachas, promoviendo así una mayor participación social. Adicionalmente, el Presidente Arévalo advirtió que si en las ternas propuestas no encuentra candidatos que cumplan con todos los requisitos, la sociedad civil de los CODEDES deberá repetir el proceso y presentar otra terna. Sin embargo, al ser los mismos actores de los últimos años quienes implementan el nuevo proceso, en muchos casos el resultado fue el mismo: la mayoría de ternas únicamente han propuesto aspirantes vinculados a caciques locales y partidos políticos tradicionales.
A pesar de esto, el proceso de elección a gobernadores sí ha presentado oportunidades políticas, como el hacer más visible la responsabilidad de la sociedad civil de los CODEDES en la cooptación del Sistema de Consejos y resaltar la importancia de recuperar estos espacios. Cabe resaltar que analizar las ternas propuestas y el proceso para elegirlas nos permitirá actualiza el mapa de poder de cada departamento tras la llegada del nuevo Gobierno.
También hay que tomar en cuenta que, tradicionalmente, las elecciones a gobernadores han sido una moneda de intercambio para consolidar alianzas políticas. Por tal razón, el actual proceso está siendo observado con mucha atención por amigos y enemigos de Semilla en el congreso. El reto para el presidente es sumamente complejo, ya que debe encontrar el mayor equilibrio posible entre mantener una buena imagen pública y no dañar más de la cuenta la relación que su partido tiene con otras bancadas, para así continuar con la posibilidad de impulsar una agenda legislativa.
El Gobernador ostenta atribuciones importantes dentro de su departamento, pero la mayoría de ellas son dependientes de la coordinación con el presidente o con el ministro de gobernación. Esto lo posiciona como una autoridad con poder limitado y le obliga a mantener una línea de trabajo cercana a la del ejecutivo. Sin embargo, el surgimiento del sistema de consejos de desarrollo ha significado que los gobernadores, quienes presiden los consejos departamentales, tienen un poder significativo de decisión sobre recursos cada vez más importantes. En Huehuetenango, por ejemplo, se trata de Q 600 millones este año.
En los departamentos en donde la terna propuesta para gobernador no incluye personas idóneas, el presidente deberá elegir entre nombrar a uno de los personajes cuestionados o dejar al gobernador actual nombrado por el anterior gobierno, mientras que las mismas personas que ya nombraron una terna cuestionada repiten el proceso. Otra opción sería nombrar gobernadores grises, pero advirtiendo que sería un tiempo de prueba; si no desempeña su cargo según las expectativas, se repetiría el proceso en el corto plazo. Sin importar cual sea la conclusión de proceso en curso, queda claro que el actual descontento social con la elección a gobernadores debería canalizarse hacia la recuperación de una representación legítima de la población dentro de las instancias de los consejos de desarrollo.
FOCO 